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Pide Octavio Pedroza ir a fondo en el tema del crédito de los 1,500 mdp

Pide Octavio Pedroza ir a fondo en el tema del crédito de los 1,500 mdp

La Auditoria Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado deben responder sobre las cuentas públicas municipales y Estatal, respecto a las irregularidades detectadas en los anteriores y actuales gobiernos, porque los ciudadanos merecen explicaciones del uso y aplicación de los recursos públicos.

 

Aseguró lo anterior el senador de la República por el PAN, Octavio Pedroza Gaitán, quien se pronunció porque la ASE también clarifique todo lo que se refiere al proceso de fiscalización sobre el destino y aplicación de los mil 500 millones de pesos que fueron autorizados antes de concluir la pasada administración estatal que encabezó el ex gobernador, Marcelo de los Santos Fraga.

 

“Tengo conocimiento que la ASE hizo las observaciones pertinentes sobre las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas, mismas que tienen conocimiento los diputados y quienes en su momento deberán decidir si se consignan a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que se actúe en consecuencia, por lo que estos actores tienen la responsabilidad de que se castigue a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos que corresponden a los ciudadanos, quienes cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos, para que sean utilizados en obras y acciones que permitan elevar su calidad de vida”.

 

El senador Pedroza Gaitán confía en que las autoridades respectivas cumplan con su encomienda, aunque también resaltó que no deberá emprenderse una campaña en contra de la ASE, que está obligada a rendirle cuentas a los potosinos sobre la aplicación de recursos que forman parte del patrimonio de los ciudadanos.

 

“La Auditoria Superior del Estado tiene que dar cuentas a los potosinos sobre las condiciones en que se aplican los recursos públicos y por lo tanto se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, sin prejuzgar un asunto que se tiene que apegar a la ley en lo que se refiere el proceso de fiscalización del crédito de los 1,500 millones de pesos obtenido por la anterior administración estatal, así como las diversas anomalías que se detectaron en las cuentas públicas municipales como es el caso del ayuntamiento de la capital, entre otros más” concluyó.

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