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Observó la ASE más de la mitad del préstamo de los 1,500 millones

Observó la ASE más de la mitad del préstamo de los 1,500 millones
La Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó observaciones por 780 millones de pesos en la aplicación de préstamo de 1,500 millones de pesos que solicitó el anterior gobernador Marcelo de los Santos Fraga, las cuales están en proceso de solventación como lo marca la ley.
El pliego de observaciones involucra no solamente al anterior gobierno, sino también al actual, que heredó en las arcas casi 566 millones de pesos “que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó de acuerdo al Decreto 819 de autorización”.
El informe señala que “no se destinaron pagos por 33 millones 760 mil pesos al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva, tal como lo indica el Decreto 819 de autorización de endeudamiento, emitido por el H. Congreso del Estado de San Luís Potosí y lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luís Potosí en su artículo octavo”.
Con los mismos razonamientos se señala que en el Eje Educación Integral y Formación de capital Humano, no se destinaron pagos al cumplimiento de obligaciones financieras por 127 millones; en el Eje Desarrollo Empresarial e Impulso a la Competitividad  se observaron 16’616,821.79 pesos.
En el Eje Crecimiento Ordenado y Sustentabilidad no se destinaron pagos al cumplimiento de obligaciones financieras por 96’698,822.86 pesos; en Seguridad y Justicia las observaciones son por 64’273,257.09 pesos.
Asimismo se informó que en el rubro de Buen Gobierno y Desarrollo Institucional las observaciones son por 218’865,842.95 pesos y en Remanente de Crédito el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo “no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización por un monto de 561’976,438.40.
La Auditoría Superior del Estado todavía no termina el periodo de desahogo de estas observaciones, pero debido a que la Cegaip le ordenó hacer públicas las cifras, tuvo que acatar la disposición que es contraria a la propia Ley en la materia, donde establece que no se pueden ventilar información sobre un asunto que está en proceso.

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