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Propone diputado que solo funcionarios con alta encomienda tengan escoltas

Propone diputado que solo funcionarios con alta encomienda tengan escoltas

Para terminar con la práctica común de utilizar a los
elementos policiales como guarda espaldas de servidores públicos o
particulares, el diputado Edgardo Hernández Contreras presentó una iniciativa
de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis
Potosí, que deja vigente esta prestación solamente a los funcionarios que por
su alta encomienda lo requieren.

El Gobernador, el Fiscal General, el secretario de
Seguridad Pública, el director general de Seguridad Pública del Estado, el
director general de Prevención y Reinserción Social y el director General de la
Policía Investigadora del Estado y su correspondiente círculo familiar cercano,
serán los únicos que podrán tener protección mientras dure su cargo, para
prevenir actos externos de intimidación, que puedan inhibir o alterar su toma
de decisiones.

Ningún otro funcionario o servidor público podrá recibir
la protección de policías, “pues bajo esa tesitura, tendría de considerarse la
seguridad personal y familiar para la totalidad de los agentes fiscales o
ministerios públicos, magistrados, jueces de primera instancia, e incluso
secretarios del poder judicial, legisladores, y todos aquellos que, subjetivamente,
presuman que se encuentran bajo peligro; y de ser así, se caería en el abuso
del servicio de seguridad, que constitucionalmente, es para proteger  a la población”.

El diputado Edgardo Hernández afirmó que ésta iniciativa
insta, no solo regular la protección para 
funcionarios públicos, que verdaderamente se justifica, distraer
personal operativo para su custodia, y salvaguarda personal, y de sus
familiares de círculo más cercano, sino además,

prohibir expresamente, el desvío de recursos humanos de
seguridad pública,  que discrecionalmente
son comisionados para efectuar actividades de escolta, que en ocasiones derivan
en servicios de choferes, mensajeros, asistentes, y servidumbre para realizar
labores personales de los funcionarios, desvirtuando totalmente su tarea
primordial.

“En concordancia y coordinación con el artículo 18 de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis potosí, se adiciona
la obligación de acatar las disposiciones de las autoridades competentes, para
brindar protección, a las víctimas u ofendidos por el delito, así como a sus
familiares o personas relacionadas con el hecho, y a los testigos del mismo”,
añadió.

La Constitución Política 
Federal, como la local, proponen que, la seguridad pública es una función
a cargo del Estado, y los municipios, que comprende la prevención de los
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva; así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias, por lo que, la actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías y los derechos
humanos reconocidos en las mismas, señaló.

Dijo que “por ello es que, los recursos económicos y
humanos destinados a la Seguridad Publica, deben estar encaminados a la
protección de la ciudadanía en general, en tareas de prevención del delito, a
fin de mantener la tranquilidad y el orden público, protegiendo a las personas
en sus bienes, y derechos tan fundamentales, como la vida y la integridad
personal”.

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