Un triunfo para los potosinos desechar restructuración de la deuda

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Ganó la razón, en relación solicitud que prevalecía de reestructuración de la deuda pública del gobierno del Estado afirmó el diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras,  al retirar los dictámenes que promovían la comisión de hacienda y de gobernación para favorecer al poder ejecutivo.
«Celebró que muchos compañeros hayan rezonado su voto en contra, la reestructura de la deuda era endeudar a los potosinos con el pretexto de la pandemia lo que creo es que no les alcanzaron los votos para endeudar a más a San Luis Potosí».
Para él, sería totalmente ridículo que volvieran a subir el dictamen, porque ha quedado demostrado que no se hicieron las cosas apegadas a derecho» Nos quisieron utilizar a los, del Congreso, por eso creo que triunfó San Luis Potosí «.
El problema del poder ejecutivo es que no tuvieron las condiciones legales para solicitar este sobreendeudamiento de casi mil 200 millones de pesos.
Al inicio de la sesión extraordinaria realizada este 13 de enero, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Vianey Montes Colunga, notificó que a petición de las comisiones de Gobernación y Hacienda del Estado fueron retirados del orden del día, los dos dictámenes, uno a favor y el otro en contra, sobre la solicitud de la reestructuración de la deuda pública de Gobierno del Estado.
El dictamen número dos del orden del día para la sesión extraordinaria era de la Comisión de Gobernación, con el cual  que autorizaba al Ejecutivo del Estado reestructurar refinanciar la deuda pública directa contraída con Banco Mercantil del Norte, hasta por saldo insoluto que al 30 de noviembre del 2020 ascenderá conjuntamente a 3 mil 601 millones 398 mil 748 pesos, por mejora del perfil de vencimientos, plazo de gracia, y cambio de fuente y garantía de pago, en su caso, bajo mejores condiciones del mercado con cualquier institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano, afectando como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones.
El dictamen 2.1 era de la Comisión de Hacienda del Estado, con el que desechaba por improcedente autorizar al Ejecutivo del Estado reestructurar o refinanciar los principales créditos constitutivos de deuda, hasta el plazo que en éste se establece, así como para que instrumente el mecanismo de pago del financiamiento que celebre, o mediante la adhesión al fideicomiso de administración de participaciones.
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