Atiende UASLP casos de acoso y hostigamiento sexual digital
– La pandemia y el confinamiento, que obligaron a las clases virtuales, también trasladaron el acoso y el hostigamiento sexual, al área digital.
Marcela Loyola/SLAT
San Luis Potosí, SLP.- La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, reveló que la contingencia sanitaria por el Covid-19 y las clases a distancia, trasladaron el acoso sexual y hostigamiento que se presentaba en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UALP), a violencia de género digital.
Expuso que en el años 2020 cerraron con alrededor de 120 carpetas de investigación, pero no todas fueron por acoso sexual y hostigamiento; mientras que el 2021 se abrieron 136 carpetas de investigación, de las cuales 37 correspondían a casos de violencia de género, siete concretamente a casos de acoso y hostigamiento sexual, y de estas cuatro se resolvieron y tres continúan en proceso.
“Los casos más prevalentes fueron de violencia digital, tuvimos casos donde estudiantes haciendo usos de las plataformas, particularmente la plataforma que utiliza la UASLP, estuvieron contactando a chicas y enviando imágenes no deseadas, e incluso hubo distribución ilícita de imágenes que en su momento fueron puestas en conocimiento de la autoridad universitaria y de las autoridades legales”.
Urenda Queletzú Navarro reconoció que el acoso por causa de la pandemia se ha presentado en nuevas formas, puesto que ahora son digitales, “lo que podemos decir es que todos los casos han sido atendidos y en los casos de violencia digital, se han emitido las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las alumnas y en los casos que se ha encontrado responsabilidad, se ha turnado el expediente de investigación a las autoridades instructoras, para efecto de que puedan determinar la sanción correspondiente”.
Explicó que las víctimas no tienen la obligación de saber si la conducta que están denunciando es acoso u hostigamiento, ellas plantean las situaciones y la Defensoría investigar las conductas, para lo cual tienen un plazo de seis meses para instaurar un procedimiento de indagación, a partir del cual determinarán si existen elementos o no para una probable la responsabilidad.
Abundó, que también las denuncias públicas se investigan de oficio, como cuando se colocaron tendederos, se investigan los nombres y si hay casos ya denunciados, para determinar si hay una responsabilidad o no.
