
Marcela Loyola/SLAT
San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado José Luis Fernández Martínez, reveló que se está gestionando la donación de un terreno para la construcción de una nueva sede legislativa, ya que las actuales están rebasadas y se requieren instalaciones incluyentes.
“Estamos platicando con el Ejecutivo para ver la posibilidad de contar con una nueva sede legislativa, se están haciendo gestiones para la donación de un terreno para construir una nueva sede que pudiera ser el próximo año porque estamos viendo mucha empatía del gobernador, Ricardo Gallardo, entonces por lo tanto si esto se llegará a concretarse impactará en el presupuesto del Congreso, en el capítulo 6000 donde se incluye esta partida”, expreso.
El diputado del PVEM manifestó que esta nueva sede contaría con todas las oficinas administrativas, oficinas de los diputados y hasta un nuevo salón de Plenos en un espacio mucho más accesible que pueda ser amigable con los sectores vulnerables, “como las personas con discapacidad porque hoy en el Congreso si tuviéramos un diputado en silla de ruedas sería prácticamente imposible poderlo ingresar al salón de Plenos porque es un edificio que está rebasado desde hace muchísimos años y estamos en esta plática con el Ejecutivo del Estado para tratar de contar con una nueva sede”.
Indicó que por el momento están gestionando la donación del terreno que estaría en el municipio de San Luis Potosí, puesto que todos los poderes deben concentrarse en la capital y no hay posibilidad de tener la sede principal al interior del estado.
El presidente de la JUCOPO dijo que actualmente, el Congreso del Estado tiene dos propiedades propias y tres inmuebles arrendados, uno que se le adiciona al salón de Plenos, “que es un lugar particular que se le genera un pago de arrendamiento desde hace muchísimos años, entonces en el caso de construir una nueva sede Estos espacios no estarían siendo arrendado”.
Dijo que estos son algunos de los asuntos pendientes que tiene el Congreso del que no se han atendido desde hace muchísimos años en el presupuesto y que se tienen que atender, así como es el capítulo 1000 que tiene que ver con los incrementos de los trabajadores sindicalizados y las consultas públicas que llegaron para quedarse.






